Durante mi etapa laboral en una productora de conciertos en Madrid pude conocer de primera mano muchos personajes del submundo artístico: cantantes, mánagers, fans enloquecidos, concejales de festejos, empresarios locales… Y agentes de la SGAE.
Era una época en la que todo valía, había dinero a espuertas y la mafia campaba a sus anchas provocando miedo sistemáticamente a todo aquel que osara realizar un evento. En nuestro caso cumplíamos religiosamente con la ley existente, pagando a este organismo el porcentaje estipulado de la venta de entradas. Un sistema que siempre me pareció como poco alegal, sobre todo analizando el destino final de esa recaudación.
A día de hoy no sé cómo funcionará, pero hace 12 años había una legión de personajes que pululaban por España buscando conciertos a los que meterles mano. Un robo en toda regla, pues muchos grupos independientes tocaban únicamente sus canciones, no versiones de los famosos de turno, por lo que, en estricta legalidad, no deberían pagar nada de su, más que complicada, venta de entradas. Ya estaban obligados a los permisos, impuestos vigentes y demás gastos relacionados con la celebración de dichos actos. ¿Por qué pagar un parte de sus ingresos a una organización que se supone vela por los derechos de otros artistas?
Con el tiempo se destapó una trama que afectó a la SGAE y que podría, o no, derivarse de su situación de privilegio y casi monopolio del sector.
Más adelante apareció el canon digital, con el objetivo principal de frenar la piratería, la lúcida idea de gravar la compra de cualquier instrumento electrónico susceptible de poder generar algo ilegal (impresoras, cd’s, ordenadores, conexiones a internet…) con una tasa por si acaso delinquíamos. Como si a la venta de cuchillos y tijeras le pusieran un plus de peligrosidad por si matas al vecino. De locos.
El peaje al autoconsumo eléctrico, promovido por empresas como Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y E.ON, surgió para paliar las posibles pérdidas de las hidroeléctricas dado el auge de la energía solar. En uno de los países con más horas de sol del mundo es un camino a explotar, lógicamente. Pues venga, que los contribuyentes paguemos otro «porsiaca».
En Enero entra en vigor, si nadie lo impide antes en este país más de pandereta que nunca, la tasa Google. El enésimo intento por parte de los Gobiernos de este país de proteger a cualquier precio los intereses de los grupos de presión.
Otro triste ejemplo más de que, a veces, en España vamos completamente al revés.
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